Se dictan más prisiones preventivas de manera oficiosa o automática, que de forma justificada en 29 de los 32 estados del país, por lo que esto se traduce en que la mayor parte de las personas que son encarceladas en México sin que aún se les haya probado que cometieron un delito terminan en el reclusorio sin mayor debate en las audiencias, y sin que el juez analice si era posible imponer otra medida.